Reflexión sobre la emisión del Decreto de Necesidad y Urgencia que modifica la Ley de Migraciones

Reflexión sobre la emisión del Decreto de Necesidad y Urgencia que modifica la Ley de Migraciones

Buenos Aires, 3 de febrero de 2017

 El pasado 30 de enero, se publicó en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2017, modificatorio de la Ley de Migraciones 25.871/2004. Desde la Comisión Episcopal de Migraciones y Turismo queremos expresar, como lo hemos hecho ya en otras ocasiones, nuestra preocupación por las implicancias que una incorrecta interpretación e implementación de este decreto pueda tener, sobre los derechos de las personas migrantes.

Reconocemos que desde lo formal, tomando en cuenta una interpretación bastante amplia de la Constitución de la Nación, el DNU, habría sido emitido en ejercicio de las atribuciones establecidas para el Poder Ejecutivo Nacional.

Sin embargo, es de notar que para la elaboración de este decreto no fueron convocadas las Organizaciones de la Sociedad Civil, pasándose además por alto la etapa de debate legislativo pertinente, lo que evidencia el poco diálogo o debate en el abordaje de esta temática. Sobre todo teniendo en cuenta, el proceso de diálogo y acuerdo que se logró para la elaboración y sanción de la Ley de Migraciones 25.871, norma legitimada por todos los sectores de la política y la sociedad Argentina, y ahora modificada unilateralmente mediante un DNU.

A su vez, si bien es cierto el DNU avanza un poco sobre el criterio de Reunificación Familiar, no aclara la situación de los hijos menores argentinos de padres extranjeros expulsados por la comisión de delitos, tampoco explica cómo se aplicará el principio de No Devolución en casos de expulsión.

No podemos dejar pasar que si bien estos mecanismos y pasos que se han venido dando en la gestión de migraciones en los últimos meses (construcción de un centro de detención, creación de procedimiento de expulsión sumarísimos mediante DNU) estarían destinados a identificar y expulsar a migrantes que cometieron delitos, estos mecanismos se podrán emplear para expulsar sumariamente a los migrantes en situación migratoria irregular aunque no estén relacionados a delito alguno.

No hay que olvidar la experiencia de otros países. La aplicación de políticas migratorias restrictivas desenlaza necesariamente en mayores cantidades de irregularidad migratoria, vulnerabilización, marginalización y generación de negocios vinculados con la explotación de los migrantes más necesitados.

Desde la Comisión Episcopal de Migraciones y Turismo, preocupa seriamente que pueda instalarse un discurso que vincula a las migraciones en general con el delito y expresamos la necesidad de generar y profundizar el diálogo y la búsqueda de consensos como estrategia para abordar la complejidad del fenómeno de las migraciones y resaltar la riqueza de la misma y el aporte al pueblo argentino.

Comisión Episcopal de Migraciones y Turismo

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